Con-Ciencia
Violencia obstétrica, la hegemonía del sector salud
Por: Miriam Martínez
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Es inaceptable que mueran mujeres por no tener adecuada atención hospitalaria o acceso a servicios básicos de salud
- Lorena Cruz Sánchez, INMUJERES
La incansable lucha por los derechos de la mujer –cuya historia abarca más de 100 años– ha forjado el sendero hacia una sociedad mundial más equitativa, justa y racional. Dentro de las victorias alcanzadas, se destacó el reconocimiento hacia los derechos sexuales y reproductivos, cuyo cimiento emerge de los derechos a la vida, salud y libertad. Como resultado de ello en 1987 -durante la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos-, al terminar el 5to Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer en San José, Costa Rica, se instauró el 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Su conmemoración constituye un recordatorio sobre la falta de garantía del derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, sexualidad, salud reproductiva y bienestar general.
En este contexto resulta necesario mencionar al gremio de la salud, cuya participación es fundamental en el libre goce de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Actualmente, los profesionales en este sector se conforman tanto por hombres como mujeres, pero no siempre fue así. Retrocediendo décadas atrás, a finales del siglo XIX, durante el régimen Porfirista se presentó -por primera vez en la historia de México- el ingreso de una mujer a la Escuela Nacional de Medicina; su nombre era Petra Matilde Montoya. La cronología de su trayectoria nos remite al 28 de mayo de 1870, fecha en la que ingresó a la carrera de obstetricia, dos años más tarde en 1872 y con la ayuda del doctor Manuel Gutiérrez, Matilde logró cursar –y aprobar- el examen correspondiente al primer y segundo año de obstetricia. En 1873 presentó el examen profesional de la carrera, el cual fue aprobado por unanimidad, y la condujo a realizar prácticas profesionales en el hospital de San Andrés. Su inagotable búsqueda del conocimiento la llevó a aprender cirugía menor bajo la tutela del doctor Manuel Soriano, provocando su deseo de incursionar de forma profesional en el estudio de la medicina. Sin embargo, Matilde tuvo que afrontar sinuosos obstáculos que comprendieron la falta monetaria para adquisición de libros, invalidación de estudios de preparatoria, problemas de salud y, si bien no está comprobado, el rechazo de sus colegas masculinos. Pese a lo anterior, en el año de 1887, Matilde se convirtió en la primera médica mexicana graduada oficialmente.
Gracias a historias como la de Matilde, es posible darnos cuenta de que el papel de las mujeres en la medicina inició con las llamadas “parteras” y, posteriormente, con el estudio formal de la obstetricia, rama de la medicina que en la actualidad ha evolucionado gracias a los avances en tecnología y formación educativa; sin embargo –y lo que atañe a la redacción de esta nota-, ha constituido la base de un nuevo tipo de violencia hacia la mujer: la violencia obstétrica. Es por lo anterior que en esta edición de Con-Ciencia, te contamos sobre qué es la violencia obstétrica, quiénes la infligen y porqué el Estado es considerado cómplice de su implementación.
El constructo
El concepto de violencia obstétrica fue acuñado formalmente, y por primera vez en Latinoamérica, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año 2006 en Venezuela, cuyo artículo 15 menciona:
Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.
Asimismo, el artículo 51 de la ley en cuestión explica algunos de los actos que la constituyen:
- No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
- Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical.
- Obstaculizar el apego precoz del recién nacido a su madre, sin causa médica justificada.
- Alterar el proceso natural de un parto normal medicalizándolo de manera innecesaria, por ejemplo, mediante fármacos que aceleran el parto, sin obtener el consentimiento voluntario e informado de la mujer.
- Practicar el parto por cesárea, sin que haya necesidad de la misma y sin el consentimiento voluntario y plenamente informado de la mujer.
Si bien los hechos mencionados anteriormente conforman el foco de interés dentro de esta materia, no incluyen ni consideran todas las posibles manifestaciones de lo que hoy se conoce como violencia obstétrica. De acuerdo con la ONU (2014), dentro de este tipo de violencia se incluyen formas abiertas o veladas como maltrato, humillación, agresión verbal, burlas, amenazas, hipermedicalización; así como la negación al acceso a los servicios de salud, la atención sin consentimiento, bajo presión o sin información suficiente y la ejercida con discriminación por motivos asociados a la etnicidad-racialidad, estatus socioeconómico, estatus migratorio, entre otros rasgos socioculturales, físicos y/o económicos de las mujeres.
El poder del gremio de la salud
La violencia obstétrica es considerada una manifestación más de la violencia de género, ya que influye de forma negativa en el cuerpo, la salud y vida de las mujeres en todo el mundo. Sin embargo, dicha manifestación no sería posible sin la voluntad ejercida del sector salud, los cuales creen tener una relación sobre las pacientes de autoridad-dominación (conocido como poder obstétrico) y bajo cuyo manto justifican sus acciones y comportamientos. Pero ¿por qué los responsables de velar por la vida humana se han convertido en victimarios? Diversos autores afirman que una de las posibles causas del poder obstétrico -base de la violencia obstétrica- es el ineficiente sistema público de salud en países de América Latina como México, Venezuela, Brasil y Costa Rica; donde no son suficientes los recursos financieros, equipo y profesionales médicos que provee el estado para operar de forma eficiente y sobre todo humanamente.
Para ejemplificar lo anterior, me permito resaltar la creciente inclinación -de las y los médicos- hacia la implementación de la cesárea en lugar de un parto eutócico. Esto se debe a que el procedimiento quirúrgico se considera que provee un control total del parto y es más rápido, pese a que dicho procedimiento no sea necesario e implique mayores riesgos y cuidados para la paciente después de su ejecución. En este punto, considero fundamental compartir un fragmento de una entrevista realizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, Brasil, en la cual un obstetra masculino menciona:
Como vas a pasar el turno a tu compañero, ¿no es cierto?, puedo tomar un caso muy difícil y empezar a intentar un parto normal, solo que no soy yo quien voy a ver el final de eso [...] Entonces, si tengo una paciente que tiene una gran oportunidad de convertirse en una cesárea y yo intento una inducción en el trabajo de parto, una cosa más difícil, ¿cómo voy a pasar esa paciente a otro colega? Yo voy a pasar un caso extremadamente difícil, por ejemplo, para él, un caso que no es de él, es mío.
Violencia institucional
En este punto, somos conscientes de que el gremio de la salud es el ejecutor de la violencia obstétrica, pero ¿por qué se ha normalizado la mala atención hacía las mujeres en el sistema público de salud? Si bien en México ya existen legislaciones que penalizan la implementación de la violencia de género en estados como Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Aguascalientes –aunque en este último no se utiliza explícitamente el término violencia obstétrica-, existe un alto índice de desinformación en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos sobre todo en poblaciones rurales e indígenas, lo que convierte a las mujeres en agentes vulnerables de perpetración inhumana. A esto, se deben sumar los carentes y sumamente largos procesos de formalización institucional a los que son sometidas las víctimas para obtener justicia. Tal es el caso de Viviana, mujer mexicana de 36 años cuyo testimonio es recopilado en el libro Violencia Obstétrica en América Latina. En el año 2018, Viviana relata que, al iniciar su trabajo de parto, asistió al seguro social en la clínica de especialidades que le fue asignada, en donde la atención recibida fue la siguiente:
…pasaron varios médicos y a cada uno de ellos les pedí que me revisaran y su respuesta era: “ahorita”, “ahorita le digo a alguien” “espéreme”, y así hasta que pasó la doctora, me revisó y me dijo super preocupada ¡que ya era hora, que tenía 10 cm de dilatación y llamaría al anestesiólogo, llegó y procedió!... Rápido la doctora me indicó que me acostara y no pujara, que iba a sacar al bebé e introdujo los fórceps, empezó a maniobrar… sin preguntar si la anestesia me había hecho efecto y sentí cada movimiento que hizo con los fórceps… ¡Fue un dolor horrible!... Sentí que me partían a la mitad… Después salió mi bebé, no lloró, yo preguntaba el por qué y nadie me contestaba, hasta que empezó a llorar, de ahí recuerdo que me levanté un poco para ver a bebé y vi mis piernas llenas de sangre, sentía la sangre que escurría… pregunté por qué, pero igual… no recibí respuesta, al poco tiempo entre el dolor y todo eso […] perdí el conocimiento... En algún momento me despertaron a jalones […] y solo escuché la voz de un hombre que me dijo: “Señora… le aviso que este fue su último hijo porque le vamos a quitar la matriz”... Yo no sabía ni en dónde estaba ni por qué me estaba pasando esto, ¡nadie me explicó nunca!
Debido a la severa hemorragia que presentó Viviana después del parto, su estado de salud se complicó, motivo por el cual tuvo que ser trasladada a un centro médico de alta especialidad, en donde -y de acuerdo con su expediente médico- se determinó que la causa de dicha hemorragia fueron desgarros vaginales provocados por las maniobras instrumentales utilizadas durante el parto, demostrando así que la decisión de realizar la histerectomía a la paciente no tenía fundamento ni justificación médica. Las consecuencias a los que Viviana tuvo que sobreponerse fueron una incapacidad reproductiva irreversible, semanas de hospitalización, incontinencia urinaria total, movilidad y consumo de alimentos limitados, infecciones vaginales y de vías urinarias, además de presentar una perforación en el cérvix, lo que la llevo a someterse a una nueva intervención quirúrgica.
Ante la indignación que Viviana sentía acudió a la Comisión Nacional de Arbitraje Mexicano (CONAMED) a presentar una queja formal por la atención recibida, en donde los abogados del servicio público de salud quienes analizaron su caso le mencionaron que la queja no procedía “porque sí recibió atención médica”. Sin embargo, y gracias a la insistencia de Viviana, la Comisión reconsideró el caso y tras un nuevo análisis se dictaminó como queja procedente, lo cual le dio derecho a Viviana a recibir una indemnización y el reembolso total de los gastos que cubrió su familia durante su recuperación en clínicas privadas de salud.
Ahora bien, viajando al estado de Guerrero –dentro del libro citado anteriormente-, se expone el testimonio de Margarita, una mujer Ñuu Savi de la montaña de Guerrero, quien mes con mes acudía a recibir su inyección anticonceptiva a una brigada móvil de atención médica de su comunidad, empero, en 2014 la auxiliar de salud le dijo que a sus 41 años ya no necesitaba la inyección, motivo por el cual la había sacado de la lista y como consecuencia, dos meses después ya se encontraba embarazada. Dicho embarazo terminó en preeclampsia aunada a una cesárea y ligadura de trompas para anticoncepción definitiva. Después de haber atravesado cinco partos naturales y sin complicaciones con ayuda de la partera de su localidad, Margarita experimentó por primera vez complicaciones que pudieron arrebatarle la vida a consecuencia de la negligencia médica.
La violencia obstétrica atañe al proceso reproductivo femenino en su totalidad, desde visitas ginecológicas, embarazo y parto hasta abortos espontáneos o inducidos; es violencia institucional porque sus agentes de acción pertenecen a las instituciones de salud y obran bajo un asunto de poder del médico o médica hacía la paciente o de la sociedad hacia la mujer y; por último -pero no menos importante- es multicausal y multidimensional, porque obra bajo factores de diversa raíz como lo son los aspectos socioeconómicos, socioculturales, ideologías de reproducción e ideologías sobre la maternidad.
